Que el Concello de Lalín retire las cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente
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Que el Concello de Lalín retire las cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente

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      Dereitos Civís

La normativa sobre la utilización de la videovigilancia es, en teoría, muy restrictiva para impedir la utilización indebida de las grabaciones realizadas. El motivo es que la captación de imágenes vulnera el derecho a la imagen ya que las grabaciones captadas por las cámaras siguen siendo propiedad de las personas que son grabadas y hay que garantizar que no se haga una utilización indebida de las mismas, así como que se borre en un tiempo determinado.

Por este motivo, en teoría, la AGPD tiene que tener conocimiento de los registros de grabaciones existentes. En la información que se facilita a la AGPD hay que definir como se consiguió la información del registro, quién es el responsable del mismo o, por ejemplo, para que se obtiene. Mientras la AGPD no tenga esta información no se puede iniciar las grabaciones. Por otro lado la Delegación del Gobierno tiene que autorizar cualquier grabación en la vía pública. Sin esta autorización tampoco se puede instalar las cámaras y, mucho menos, iniciar las grabaciones.

El Ayuntamiento de Lalín lleva grabando desde, por lo menos, el 2011 y el pasado mes de mayo acordó regularizar la situación de sus cámaras de videovigilancia: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/05/22/lalin-regulara-control-imagenes-videovigilancia/0003_201205D22C4992.htm

De permitir, la AGPD y la Delegación del Gobierno, la creación de registro de grabaciones y el mantenimiento de los dispositivos después de la puesta en funcionamiento de los mismos sin ningún tipo de "reprimenda" estará banalizando toda la normativa sobre videovigilancia. Antes de permitir la inscripción del registro la AGPD deberá comprobar si se instalaron las señales de zona videovigilada o si se pusieron a disposición de los interesados información sobre como ejercer sus derechos sobre las imágenes captadas. También la Delegación del Gobierno deberá recadar información objetiva que demuestre la idoneidad y proporcionalidad de la instalación de los dispositivos.

 

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