Manifiesto a la opinión pública: El Derecho a una Educación Inclusiva del alumnado con diversidad funcional
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la Administración Educativa, la Comunidad Educativa y la Opinión Pública

Manifiesto a la opinión pública: El Derecho a una Educación Inclusiva del alumnado con diversidad funcional

    1. Asociación SOLCOM para la Solidaridad Comunitaria de las personas con diversidad funcional
    2. Petition by

      Asociación SOLCOM para la Solidaridad Comunitaria de las personas con diversidad funcional

      Spain

POR EL DERECHO DE DANIEL GUTIERREZ ORTEGA A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE CALIDAD
1. Los firmantes del manifiesto hacemos esta declaración ante la opinión pública, conscientes de que los derechos humanos, no se consiguen y vivencian plenamente con su simple declaración o reconocimiento formal, sino que precisan de un proceso de denuncia, lucha y resistencia contra las condiciones y fuerzas sociales de muy distinto tipo que impiden su pleno desarrollo.

2. En esta ocasión nos moviliza el convencimiento de que la educación inclusiva es una forma de entender la educación, por buena parte de la ciudadanía, que conecta con los valores y principios éticos de reconocimiento, dignidad y respecto a la diversidad del alumnado en todas sus dimensiones.

3. Pero, en esta ocasión, también nos pronunciamos frente a la opinión pública en apoyo al caso concreto de Daniel Gutiérrez Ortega y sus padres en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues ellos, con otros muchos, encarnan hoy, aquí y ahora, esa lucha necesaria para que lo que nos puede hacer más humanos – aceptar y reconocernos en los distintos órdenes de la vida como seres iguales en nuestra diversidad, dignidad y derechos-, termine imperando en nuestra convivencia frente a la barbarie de quienes abogan por la exclusión y propician o se muestran indiferentes ante la discriminación y la desigualdad.

4. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), ha establecido con claridad en su artículo 24, el derecho a una educación inclusiva de las personas con discapacidad:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a). Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b). Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c). Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.
Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a). Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b). Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c). Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d). Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e). Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/convention.html

5. Dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por España e incorporado a su ordenamiento jurídico (BOE 21 de abril de 2008). En tanto que trata asuntos vinculados con los derechos fundamentales de las personas, y al amparo del Art. 10.2 de la Constitución Española, su mandatos obligan a revisar las leyes y normas, nacionales y autonómicas, que versan sobre aspectos contemplados en dicha Convención. Así ha ocurrido con la Ley 26/2011 de 1 de agosto que, sin embargo, ha dejado fuera de revisión la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), favoreciendo actuaciones que, a nuestro juicio, pervierten el sentido del mandato de la Convención respecto al derecho a una educación inclusiva y posibilitan situaciones de discriminación en este ámbito.

6. Debe señalarse con claridad que la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2003), tiene una inequívoca vocación inclusiva, que queda de manifiesto tanto en su declaración de intenciones como en los principios y fines generales que establece:
Art. 1 Artículo 1. Principios.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad…
Artículo 2. Fines.
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad…

7. Sin embargo, lamentablemente, el desarrollo de estos fines y principios - que se concreta en el Título II sobre Equidad en la Educación- y en particular en el Sección Primera, en lo referido al alunando considerado con necesidades educativas especiales, deja abierto, a través del Art. 74.1 referido a la Escolarización, la posibilidad de que pueda llevarse a acabo, la escolarización de este alumnado,
“… en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, … cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”,
contraviniendo, a nuestro juicio, el derecho a una educación inclusiva que establece la Convención de Naciones Unidas, al condicionarlo a una consideración (“que los centros hayan tomado las suficientes medidas para atender a la diversidad del alumnado), sujeta a una gran discrecionalidad y arbitrariedad por parte de los centros y las autoridades encargadas de su supervisión, lo que conduce, en la mayoría de las casos, a situaciones de clara discriminación.

8. Por otra parte, y conforme a lo que establece nuestra Constitución, son los padres y madres de los menores con discapacidad los que tienen la obligación moral y el deber de velar por el cumplimiento de los derechos que amparan a sus hijos, y por lo tanto, a elegir el tipo de centro educativo (ordinario o especial), que consideren más adecuado, dentro de la planificación general de la enseñanza que compete a las Administraciones Educativas. En este sentido, por lo tanto, no puede imponerse que la educación de todo el alumnado considerados con necesidades educativas especiales deba realizarse siempre y necesariamente en centros ordinarios, pero por la misma argumentación, no se puede impedir a ninguna familia que así lo desee y haya sido debidamente informada, a que se cumpla el derecho que les asiste a que sus hijos o hijas puedan ser escolarizados en centros ordinarios con los apoyos y ayudas específicas que aquellos requieran, al tiempo que éstos adoptan las medidas de ajustes o adaptaciones que las leyes contemplan para que el proceso educativa se lleve a cabo con equidad y calidad.

9. Los padres de Daniel Gutiérrez Ortega llevan cerca de cinco años pleiteando con la Administración Educativa de su Comunidad Autónoma para que Daniel pueda escolarizarse en un centro ordinario como primer paso para tener acceso a una educación de calidad, ajustada a sus necesidades y características personales. Hasta la fecha las distintas instancias judiciales a las que han recurrido han desestimado sus recursos contrarios a que Daniel sea escolarizado en un Centro de Educación Especial de su localidad. En este momento está planteado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por vulneración de derechos fundamentales, tanto el de Daniel a una educación inclusiva, como el de sus padres a velar por su cumplimiento.

10. Se ha dicho, con razón, con “el mejor argumento moral es la acción”. Frente a los hechos apuntados caben muchas acciones, la primera de las cuales es, por nuestra parte, la de ofrecer el testimonio de nuestro compromiso con el derecho a una educación inclusiva sin restricciones ni condicionantes. También exponemos ante la opinión pública que nuestro conocimiento y experiencia, apoyado en el que nos aporta la comunidad científica internacional a la que pertenecemos en nuestras respectivas áreas de conocimiento, nos hace pronunciarnos, sin reservas, por la necesidad de defender el derecho a la educación inclusiva que Daniel, a través de sus padres, reclama para sí y, por extensión, para los miles de niño, niñas, jóvenes y adultos en todo el mundo que por razones de capacidad, procedencia, género o cualquier otra condición personal o social, se encuentran, también hoy, en situaciones de exclusión y, por ello injustamente discriminados.

 

 

Este Manifiesto está apoyado por las siguientes Personalidades Académicas:

D. Gerardo Echeita Sarrionandía. Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Madrid. (Creador del Manifiesto)

Dña. Isabel Cano Ruiz. Responsable de la unidad de Integración y Coordinación de Políticas de discapacidad y Profesora de la Facultad de Derecho Universidad de Alcalá.

D. Miguel Ángel Verdugo. Catedrático en Discapacidad Intelectual de la Universidad de Salamanca.

Dña. Elena Martín Ortega. Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dña. Ángeles Parrilla Latas. Catedrática de Didáctica de la Universidad de Lugo.

D. Antonio Madrid Pérez. Coordinador de la Clínica Jurídica en diversidad funcional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

D. Ignacio Campoy. Profesor titular de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

D. Miguel López Melero. Catedrático de didáctica y organización escolar en la Universidad de Málaga

Dña. Esperanza Ochaita Alderete. Catedrática de psicología de la educación en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del instituto universitario de derechos de la infancia IUNDIA, UNICEF/UAM

Dña. Ángeles Espinosa. Profesora titular de psicología de la educación de la Univ. Autónoma de Madrid y Secretaria del Instituto Universitario de derechos de la infancia IUNDIA, UNICEF/UAM

Dña. Ángeles Espinosa. Profesora titular de psicología de la educación de la Univ. Autónoma de Madrid y Secretaria del Instituto Universitario de derechos de la infancia IUNDIA, UNICEF/UAM

Dña. Maria Sotillo Méndez. Profesora titular de psicología básica, universidad autónoma de Madrid

Dña. Begoña Martínez Dominguez. Profesora titular de didáctica y organización escolar de la Universidad del País Vasco

D. Ignacio Calderón Almendros. Profesor de didáctica y organización escolar, Universidad de Málaga.

D. Serafín Antúnez. Catedràtic d'Universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona.

D. Climent Giné. Professor Titular de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte.Universidad Ramón Llull, Blanquerna.

 

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la Administración Educativa, la Comunidad Educativa y la Opinión Pública
El Derecho a una Educación Inclusiva del alumnado con diversidad funcional

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    • Iris Mabel Garcia ARGENTINA
      • 9 months ago

      Me sumo a esta peticiòn porque coparto que "todo" niño debe concurrir a la escuela comùn. Si hablamos de niños/jovenes con discapac. deben concurrir a la escuela que concurrirìan si no tuvieran discapacidad.

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    • BEATRIZ MONTESINOS ALABAU VALENCIA, SPAIN
      • 11 months ago

      Porque comparto plenamente que la igualdad se consigue con una educación de calidad y para todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias físicas o sociales.

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      • 11 months ago

      Porque tengo un nieto con trastorno del espectro autista

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      • 12 months ago

      Porque todos y todas tenemos derechos a educar a nuestros hijos e hijas y a formarlos donde creemos que ES LO MEJOR para ellos y ellas, porque como un hijo o una hija no hay nada en el mundo y porque ser MAESTRA es lo mejor que me ha podido pasar después de ser madre... la escuela inclusiva es fácil de llevar entre gente que su trabajo es su vocación, por lo menos para mí lo es!!!

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    • Gonzalo Salas Nuñez LOTA, CHILE
      • about 1 year ago

      Para que este mundo de una vez por todas comience a ser mejor de verdad!!

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