Exige la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia
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Exige la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia

    1. Máximo Pradera
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      Máximo Pradera

      Pozuelo de Alarcón, Spain

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September 2014

Victory

¡Lo hemos conseguido! El pasado martes 23 de septiembre Ruiz-Gallardón anunció su dimisión. Tras la retirada de la reforma de la Ley del Aborto, el ministro publicó su retirada en una rueda de prensa. ¡Muchísimas gracias por vuestro apoyo!

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón es un corrupto.

Alberto Ruiz-Gallardón debe dimitir de su cargo de Ministro de Justicia por corrupto.



El diccionario de la RAE  nos ofrece dos definiciones del vocablo corrupto:



1. adj. Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. U. t. c. s.

2. adj. ant. Dañado, perverso, torcido.



1. Corrupto es el que pervierte y pervertir es, siempre según el DRAE



1. tr. Viciar con malas doctrinas o ejemplos las costumbres, la fe, el gusto, etc.

2. tr. Perturbar el orden o estado de las cosas.



¿En qué ha viciado las costumbres, el gusto y la fe Gallardón?



El día 21 de mayo de 2012 (el mismo día en que el Fiscal General del Estado archivó la denuncia contra Dívar por malversación)  Gallardón defendió públicamente al hombre que más ha ensuciado la imagen del Tribunal Supremo y del CGPJ en sus doscientos años de existencia.

Carlos Dívar ha sido cuestionado por las tres Asociaciones Profesionales de Jueces, por el Presidente del Tribunal Constitucional y hasta por la propia portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que calificó la actuación de su Presidente de indecente.

En cambio, de boca de Gallardón, no ha salido aún ni una sola palabra de reproche o censura moral hacia Dívar.


Cuando un político no condena un acto terrorista se hace cómplice del que lo ha cometido

Cuando un político no condena un acto inmoral se solidariza con esa conducta perversa.



Antes de la dimisión, el Ministro afirmó incluso que Dívar había resultado fortalecido por el sólo hecho de no haber sido imputado.

 Seguramente por eso ahora ha dicho que “es hora de mirar hacia adelante”. Desea a toda costa que no se le recuerde su ignominiosa defensa del Presidente del Tribunal Supremo, al que ha regalado incluso un mes más de sueldo, al retrasar la publicación de su cese en el BOE.


Al ser fiscal de carrera y tener formación jurídica, la temeraria afirmación de Gallardón de que Dívar sale fortalecido de una no imputación, no puede obedecer a la ignorancia y sólo cabe ser atribuible a uno de estos dos motivos:



1) Gallardón obra de mala fe y hace una defensa prevaricadora y corporativa de su colega jurista, en la que sabe que está siendo injusto deliberadamente.



2) Gallardón es un idiota moral, es decir, una persona que distingue entre lo que está penado y lo que no, pero no entre lo que está bien (o bonito)  y lo que está mal (feo).



Si Gallardón ha obrado de mala fe, debe dimitir de inmediato.



Si es un idiota moral  también debe dimitir. No es apto para un cargo público, porque la relación entre la moral y el derecho no solamente es indisoluble, sino que es continua.



Conductas inmorales pasan a menudo a ser tipificadas como delitos y viceversa.

 El tráfico de influencias, por ejemplo, que es claramente inmoral, no estaba tipificado como delito hasta el año 1995, en que se decidió incluirlo en el Código Penal a raíz del caso Juan Guerra, que demostró que los políticos son incapaces de autoregularse en este campo.

La interrupción voluntaria del embarazo en cambio, que estaba incluida en el Código Penal hasta hace pocos años, ha sido despenalizada en casi todos los supuestos porque ha dejado de considerarse una práctica inmoral por una gran mayoría de españoles.


Dado el continuo trasvase entre el derecho y la ética, resulta esencial que un Ministro de Justicia tenga sensibilidad moral.

Gallardón carece de ella porque ha defendido a Dívar hasta el final, a pesar de que éste añadió a la mezquindad de regalarse banquetes y periplos privados con fondos públicos la desvergüenza de inventarse viajes oficiales que nunca tuvieron lugar.

No se trata sólo de que el Presidente del Tribubal Supremo haya despilfarrado treinta mil euros en fines de semana caribeños, con cargo a los contribuyentes.

Lo más grave es que con su comportamiento ha avergonzado a la totalidad de sus compañeros de profesión y causado un perjuicio tan grave a la “marca España”, que hasta el New York Times (http://cos.as/3ae) se hizo eco del escandaloso comportamiento de Carlos Dívar.

 La edición digital de este periódico recibe alrededor de treinta millones de visitas al mes, lo que significa que, a estas alturas, medio mundo conoce ya la catadura moral tanto del Presidente saliente como de las personas que le nombraron y le sostuvieron en el cargo.

En una situación internacional verdaderamente crítica, en la España busca desesperadamente ganarse la confianza de los países de su entorno, el daño producido a nuestro país, por Dívar y por el Ministro de Justicia que le respalda, es incalculable.



2. Corrupto es el que pervierte y pervertir también es, según la RAE,  pertubar el orden o estado de las cosas.


Hemos conocido por la prensa  – y esta información no ha sido desementida de manera fehaciente por Gallardón– que el Ministerio de Justicia presionó a la Asociación Profesional de la Magistratura para que Carlos Dívar no fuera cesado por el CGPJ. La presión alcanzó un grado tal (http://cos.as/3a6) que el Secretario de Estado de Justicia llegó a amenazar a este colectivo con una declaración de guerra si sus integrantes no se sometían a los deseos del Ministro.


Este tipo de comportamientos, en los que un cargo público trata de interferir en las deliberaciones de un órgano colegiado independiente, y de alterar sus decisiones en beneficio propio, merecen ser tipificados como un delito de tráfico de influencias en el que el móvil no es económico, sino político. ¡Ahora son legales!


Es sabido que Carlos Dívar es una persona extraordinariamente servil, por lo que cabe preguntarse:

 ¿Ha sido esta condición de lacayo del poder (sus méritos como jurista eran inexistentes), la que ha hecho que Gallardón defienda a un corrupto de manera tan encarnizada?

¿O hay más razones que se nos ocultan y se nos escapan?


Por la manera en que el Gobierno se ha comportado en el caso Dívar (la Vicepresidenta Saénz de Santamaría presionó, con llamada telefónica directa, sobre la vocal del PNV Margarita Uria para que votara en favor de éste), se diría que el magistrado estaba en condiciones de prestar servicios inconfesables al Ministerio de Justicia desde la Presidencia del Tribunal Supremo.

¿Tal vez durante la tramitación de la modificación de la ley del aborto, ya que Dívar se jacta de ser hombre de profundas convicciones religiosas?

No hay manera de saberlo, puesto  que la opacidad informativa del Gobierno se asemeja cada día más a la de un régimen dictatorial, en el que el ejército golpista ha sido sustituido por el rodillo parlamentario.


3) Corrupto es también el que tergiversa las cosas.


Gallardón  es un corrupto porque intenta torcer y retorcer el texto de la Constitución Española para adecuarlo a sus torticeros fines.


Los cuatro principios fundamentales de convivencia entre españoles que promueve la Constitución están recogidos en su

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.


Gallardón va a sacar adelante un Proyecto de Ley sobre Tasas Judiciales tan contrario al espíritu y a la letra de nuestra Constitución que incluso el cuestionado CGPJ, presidido por Dívar, ha informado negativamente al respecto.


En sus recientes conclusiones, el informe del CGPJ (http://cos.as/3a7) resalta que el anteproyecto obedece a exclusivos motivos de oportunidad política y económica, lo que se contrapone con el principio de que todos los ciudadanos puedan acceder a la Justicia, cualquiera que sea su situación económica.


En línea con la política general del Gobierno en todos los ámbitos,  Gallardón trata de repercutir el coste de la crisis sobre los más desfavorecidos, creando una justicia para ricos y una para pobres.

Esto no es una opción política legítima, sino un atentado a la Constitución Española.


Las tasas para recurrir en segunda instancia (recurso que a veces supone para el pobre la diferencia entre la felicidad y la ruina) no crecen de manera proporcional a los ingresos del justiciado. Para acceder a la segunda instancia, el indigente tendrá que abonar al Estado el mismo importe que el millonario.



4) Corrupto para el DRAE también es el que vicia.



Y viciar es:



3. tr. Falsificar un escrito, introduciendo, quitando o enmendando alguna palabra, frase o cláusula.



El 25 de octubre de 2011, Alberto Ruiz-Gallardón afirmó que seguiría siendo alcalde de Madrid tras las elecciones, en las que previsiblemente sería elegido diputado en el Congreso.

Preguntado al respecto por el portavoz de UPyD, David Ortega, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Ruiz-Gallardón aseguró que no tengo previsto cosa distinta que seguir siendo el primer edil de la capital del Estado y diputado tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.


Gallardón mintió en sede parlamentaria acerca del compromiso contraído con sus electores y dejó a los madrileños en manos de Ana Botella, una alcaldesa poco preparada, que ni siquiera sabe hablar en público y que dejó a su propio partido en ridículo en el reciente debate sobre el Estado de la Ciudad.


De nuevo una triquiñuela legal, pero absolutamente reprochable desde el punto de vista ético, como si los ciudadanos pagáramos a nuestros representantes sus nada despreciables salarios solamente para que no infrinjan la ley.


La observancia de la ley se da por supuesta. Es la ética ciudadana la que debe regir el comportamiento político.


La falta de compromiso de Gallardón con la palabra dada reviste una gravedad extraordinaria,  ya que está en la raíz de la crisis de valores y en la creciente desconfianza de los españoles hacia las instituciones democráticas (http://cos.as/3af)


Nos hemos acostumbrado a disculpar que los políticos no cumplan lo que dicen. Nos encogemos de hombros y decimos, a modo de justificación:

Qué le vamos a hacer, son todos iguales.

Les exoneramos de su responsabilidad institucional, como si fueran niños traviesos, cuando en realidad, con sus mentiras, están causando un daño irreparable a los contribuyentes.


Los incumplimientos de los compromisos políticos no son perseguibles por la vía judicial.


En junio de 2012,  la Audiencia Provincial de Madrid estableció en una sentencia que las promesas que se hacen en campaña (y por extensión, cualquier compromiso político) no constituyen un contrato que obligue a las partes.  (http://cos.as/3aa)


La única manera de que las promesas de nuestro gobernantes se cumplan (dado que los políticos son incapaces de autoregularse también en este aspecto) es la presión social.


La falta de presión social y de indefensión jurídica de los españoles ha provocado que el Partido Popular se haya atrevido a concurrir a las elecciones de 2011 con un programa en el que prácticamente todas sus cláusulas eran de imposible cumplimiento.



Esto en derecho se denomina estafa. La moral pública también emplea la misma palabra: estafa.



Gallardón es uno de los máximos exponentes de esa estafa, de esa falta de compromiso con la palabra dada (Min 0´30´´: http://cos.as/3ab) y por eso cabe calificarlo de corrupto y exigir su dimisión.



5) Corrupto es también el que daña, según el DRAE.



y dañar es



1. tr. Causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. U. t. c. prnl.



El perjuicio causado por Gallardón al Ministerio de Justicia es incalculable.


Una de las funciones principales de su Departamento es



    La preparación, coordinación y ejecución de la política del Gobierno en materia de asuntos religiosos.

    Las relaciones con las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas y con las entidades y asociaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción, defensa y estudio del derecho de libertad religiosa.



En vez de hacer caminar a nuestro país hacia la laicidad del Estado, tal y como ordena la Constitución en su artículo 16, apartado 3:


    3.    Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.



Gallardón está promoviendo, desde el Ministerio que dirige, una identificación cada vez mayor entre la religión católica y el Estado.



Al afirmar en un medio de comunicación de gran fiabilidad y tirada como EL PAÍS que el crucifijo en un centro público es un símbolo de paz (http://cos.as/3ac), está identificándose, desde su cargo oficial, con la Iglesia Católica, cuando su obligación como Ministro de Justicia es justamente la contraria: garantizar la imparcialidad del Estado y asegurarse de que el Apartado 3 del Art. 16 de nuestra Carta Magna sea escrupulosamente observado.


De la misma manera en que Gallardón es incapaz de distinguir la moral del derecho, tampoco acierta a diferenciar entre lo privado (la creencia religiosa) y lo público (su labor como ministro, que no debe estar orientada por su fe sino por la Constitución Española y las leyes que emanan de ella).


Esta identificación, a todas luces, inconstitucional entre la confesión católica y el Ministerio de Justicia se produjo también cuando afirmó, en sede parlamentaria, que lo que hace auténticas a las mujeres es la libertad de maternidad (http://cos.as/3ag)


Millones de mujeres que no pueden, no quieren, o no se han planteado siquiera si tener hijos o no, se sientieron vejadas gravemente por el Ministro Gallardón, que las llamó  “no mujeres” o “falsas mujeres”.



Ni siquiera los talibanes musulmanes se atreven ya a tanto.



La peregrina teoría de que la mujer sólo se realiza en el acto de la procreación no es más que un trasnochado dogma católico (http://cos.as/3ad) y resulta escandaloso que Gallardón lo utilice en un debate político.

Es un argumento propio de un corrupto.


Gallardón debe dimitir.


Si esperamos a que los cargos públicos cometan delitos tipificados por el Código Penal para mandarlos a su casa, la vida política española se irá deteriorando cada vez más y nuestras esperanzas de que los países de nuestro entorno recuperen por fin la ansiada confianza en nuestro país y sus instituciones se desvanecerá para siempre.


¿Es necesario recordar que el mismo día en que Dívar presentó su dimisión, la prima de riesgo bajó, por primera vez en meses, de los quinientos puntos?

La observancia de la moral pública y de los códigos deontológicos genera confianza en España y en sus instituciones y es el motor que nos va a sacar de la crisis.


Un motor cuyas revoluciones controlamos nosotros, no Merkel, ni Rajoy, o el Eurogrupo de Bruselas.


El dinero no nos harás mejores personas.

Pero ser mejores personas, es decir, ciudadanos más responsables y respetuosos con las compromisos adquiridos, generará confianza nacional e internacional y atraerá el dinero a espuertas.


Lo que debe determinar si un servidor del Estado es digno o no del cargo no es la observancia de la ley (¡faltaría más!) sino el respeto a la moral pública:



No mentir, no engañar, no proteger a los corruptos, no promover la desigualdad ni la injusticia, como hace Alberto-Ruiz Gallardón.


Por ello, te pido que te adhieras a la petición de dimisión del Ministro de Justicia, que cada día ofrece una muestra más de su completa determinación a retorcer y viciar preceptos y palabras de la ética ciudadana más elemental, para ponerlas al mezquino servicio de sus intereses partidistas.

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    • Enrique Muñoz ALMERíA, SPAIN
      • 9 months ago

      Porque considero a Gallardon un cáncer para la sociedad. No creo que lo trague nadie ni en su propio partido. Y por supuesto lo que le suena a chino es la palabra democracia.

      REPORT THIS COMMENT:
    • salvi sanchez MáLAGA, SPAIN
      • 9 months ago

      una autentica abominacion facha

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    • ÁNGEL PINGARRÓN MADRID, SPAIN
      • 10 months ago

      Porque el descaro y la impunidad con la que actúa este tipo exige freno

      REPORT THIS COMMENT:
    • jennifer meissner ALAMEDA, SPAIN
      • 10 months ago

      porque quiero que aborte de la politica

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    • Mª Angeles Serrano Ochoa SEVILLA, SPAIN
      • over 1 year ago

      Porque no nos merecemos un personaje como éste dirigiéndonos la vida

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